España está en medio de un cambio trascendental en el ámbito de la inversión en centros de datos, motivado por nuevas exigencias en sostenibilidad y un acceso más regulado a la red eléctrica. Actualmente, los profesionales del sector destacan que la disponibilidad real de capacidad eléctrica, junto con las condiciones para su acceso y conexión, así como los costos implicados, se han convertido en factores cruciales para determinar la viabilidad de estos proyectos.
El Gobierno ha introducido un proyecto de real decreto que está en proceso de tramitación. Este marco legal propone requisitos estrictos de sostenibilidad energética e hídrica, además de criterios de soberanía digital, como condiciones para otorgar y mantener los permisos de conexión a la red eléctrica. Particularmente, los centros de datos que requieran una potencia de acceso igual o superior a 1 MW deberán garantizar que al menos el 80% de su consumo eléctrico provenga de nuevas fuentes de energía renovable, hasta que las renovables constituyan el 90% del mix eléctrico del país.
La implementación de estas nuevas regulaciones presenta una considerable complejidad. Los proyectos que aún no han asegurado los permisos de acceso deberán integrar estas normas en su planificación y estructura financiera desde el principio. Mientras tanto, aquellos que ya cuentan con permisos pero no están conectados se encontrarán con desafíos adicionales para alinear sus operaciones con la nueva normativa. Javier García, socio de GTA Villamagna, subraya que la proximidad a una subestación no garantiza automáticamente la consecución de los permisos necesarios y advierte sobre posibles riesgos legales si se procede con la adquisición de terrenos o el financiamiento antes de completar estos procesos.
Desde las fases iniciales de desarrollo de un centro de datos, la capacidad eléctrica se perfila como un componente esencial. Un terreno que inicialmente parece óptimo desde una perspectiva urbanística y medioambiental podría terminar no siendo viable económicamente si carece de la capacidad necesaria en el punto de conexión o si requiere significativas inversiones en la infraestructura de red. Además, la continuidad operativa de los centros de datos, que demandan energía incesante, se podría complicar con los fluctuantes niveles de producción de energías solar y eólica, desafiando aún más el cumplimiento con los nuevos requerimientos.
Elementos adicionales como la disponibilidad de agua y las normativas urbanísticas y medioambientales aumentan la lista de consideraciones para los promotores. La legalidad en el uso del agua, ya sea por redes municipales o captaciones directas, junto al cumplimiento de las normativas sobre vertidos, son aspectos críticos. GTA Villamagna insiste en la importancia de confirmar el cumplimiento del planeamiento urbanístico y asegura que se deben obtener todas las licencias municipales y autorizaciones ambientales pertinentes antes de comprometerse financieramente.
Para los proyectos en curso, la implementación de la nueva normativa tendrá un impacto significativo. Las solicitudes de permisos en espera deberán cumplir con los nuevos estándares, y aquellos con permisos ya otorgados pero sin conexión dispondrán de un plazo para demostrar conformidad con los criterios de sostenibilidad. El incumplimiento podría resultar en la caducidad de los permisos.
En este nuevo contexto, los inversores necesitarán realizar revisiones legales exhaustivas antes de avanzar con nuevos desarrollos. Esto incluye una evaluación detallada de las condiciones necesarias para los permisos y la factibilidad de lograr la conexión eléctrica. Las decisiones basadas en este reciente marco regulatorio podrían resultar determinantes para el futuro de la inversión en el sector de centros de datos en España.
En resumen, aunque la normativa tiene el potencial de organizar un sector en expansión, su éxito dependerá tanto de la seguridad jurídica que proporcione a los inversores como de su habilidad para atraer proyectos viables sin erigir barreras que puedan llevar las inversiones hacia otros países de la Unión Europea.
