La previsión del mercado inmobiliario español para 2025 anticipa un cierre cercano a las 750.000 compraventas, con un incremento en los precios que se aventura entre el 4% y el 6%. No obstante, este panorama optimista se tamiza con señales de desaceleración que podrían surgir hacia finales de año. Esto se debe, en gran medida, a problemas de oferta, inflación y posibles subidas en los tipos de interés.
Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, señala que la presión actual sobre los precios tiene un origen diferente al de la crisis de 2008, lo que sugiere que las repercusiones podrían ser más graves a nivel social que macroeconómico. La falta de nueva construcción sigue siendo un obstáculo clave, con un déficit anual que supera las 100.000 viviendas. Este desfase entre la oferta, que ronda las 80.000 a 100.000 construcciones anuales, y la demanda, cercana a las 200.000, está impulsando al alza los precios tanto para la compra como el alquiler.
En cuanto a la posible ‘burbuja’ inmobiliaria en España, Hernández Reche opina que, aunque la situación podría ser clasificada como tal desde la ortodoxia financiera, las características actuales la diferencian de la burbuja de 2008. Los criterios de financiación son más cautos, la demanda se mantiene sólida, y la subida de precios varía según la ubicación geográfica. Sin embargo, advierte que cualquier eventual colapso afectaría más a las capas menos favorecidas de la población.
En el ámbito hipotecario, se espera que las hipotecas fijas ganen protagonismo frente a las variables, aunque seguirán siendo de difícil acceso para muchos. Los nuevos créditos hipotecarios mantendrán tipos de interés altos comparados con los niveles anteriores a 2022, lo que podría complicar la situación de las familias con rentas medias y bajas si los precios no se estabilizan.
Finalmente, el economista sugiere que la solución a estos problemas radica en un plan nacional de oferta y rehabilitación, que contemple la necesidad de más viviendas, tanto libres como asequibles y sociales. También aboga por agilizar la concesión de licencias y promover la rehabilitación energética a gran escala, enfatizando la necesidad de que la política de vivienda se enfoque más en la realidad del mercado que en sesgos ideológicos.
