El mercado inmobiliario en España se encuentra en una encrucijada significante ante la inminente implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026, anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta iniciativa promete un incremento notable en el presupuesto para vivienda pública, un avance necesario en un contexto donde las cifras actuales señalan un estancamiento preocupante: de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para 2024, apenas se ha ejecutado un 41,6% hasta la fecha. Esta ejecución deficiente ha generado una ola de críticas y llamados a una gestión presupuestaria más eficaz por parte de diversos expertos del sector.
Una de las voces destacadas es la de Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y miembro clave de Fincas Blanco. Blanco ha enfatizado que no basta con tener buenas intenciones, sino que es esencial implementar una planificación sólida y coherente a largo plazo para garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible. La creación de una nueva empresa pública de vivienda es una de las piedras angulares de este plan, proyectada para gestionar más de 30.000 viviendas del ‘banco malo’, con 13.000 de ellas listas para uso inmediato. A pesar de estas medidas proactivas, Blanco advierte que el verdadero reto será lograr que estas acciones trasciendan los resultados a corto plazo y se traduzcan en una estrategia sostenible en el tiempo.
Blanco también ha puesto sobre la mesa la importancia de que las políticas se adapten a las realidades demográficas y sociales cambiantes del país, como el aumento de familias monoparentales. Sugiere iniciativas como aumentar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas para potenciar la densidad en áreas estratégicas, así como mejorar las infraestructuras para facilitar el acceso a viviendas ubicadas hasta 50 kilómetros de distancia de las principales urbes españolas.
Asimismo, existe una preocupación particular en torno al uso ineficiente de presupuestos ya aprobados, como el del Bono Alquiler Joven, que, aunque cuenta con 200 millones de euros destinados desde octubre, no se ha implementado en varias comunidades autónomas debido a la falta de convocatorias. Para Blanco, este es un ejemplo clarísimo de la desconexión entre la asignación de fondos y su aplicación efectiva, lo que dificulta la disponibilidad de un mercado de alquiler verdaderamente accesible.
Finalmente, Blanco advierte que si el sector público no asume una responsabilidad económica proactiva, las soluciones para el problema estructural de la vivienda serán insuficientes. Subraya la necesidad de que una porción relevante de los ingresos generados por el mercado de la vivienda, particularmente a través de impuestos, se redirijan hacia políticas eficaces que atiendan de manera integral la demanda de alquiler. Con este llamado a la acción, Blanco busca no solo crear conciencia sobre la importancia de una planificación coherente, sino también impulsar a los responsables políticos a adoptar medidas concretas y sostenibles que aseguren un futuro inmobiliario más justo y equilibrado.
