El encarecimiento de la energía y de materias primas como acero, aluminio o cemento plantea serias amenazas a proyectos de construcción a precio cerrado y podría abrir la puerta a renegociaciones contractuales. El despacho de abogados GTA Villamagna advierte que, en este contexto, las cláusulas de revisión de precios y los mecanismos de indexación se están consolidando como herramientas esenciales para garantizar el equilibrio económico en los contratos de obra sujetos a derecho privado.
La reciente escalada de tensión en la región del Golfo Pérsico, específicamente en Irán, ha vuelto a poner de relieve la fragilidad de los mercados de energía y materias primas. En un entorno global interdependiente, cualquier perturbación en esta área puede reflejarse rápidamente en los costos de producción y transporte, impactando, en particular, al sector de la construcción, que es especialmente vulnerable a estas fluctuaciones.
El estrecho de Ormuz es un punto crítico en este sentido. Cualquier restricción en el tráfico marítimo a través de esta ruta podría desencadenar problemas de suministro energético y obligar a redirigir envíos por rutas más largas y costosas. Desde GTA Villamagna se advierte que, en las economías europeas, cuya dependencia energética es notable, estas tensiones pueden amplificar las presiones inflacionistas y afectar múltiples cadenas de suministro.
La socia de GTA Villamagna, Mercedes Bértolo Martín de Rosales, destaca que la industria de la construcción, que depende directamente del costo de la energía y del transporte, se convierte en una de las más afectadas cuando ocurren disrupciones en los mercados. «La pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania ya demostraron cómo estos eventos pueden llevar a un aumento constante en los precios de los materiales», señala Bértolo.
En anteriores crisis, como las derivadas de la pandemia, se promovieron medidas excepcionales, como el Real Decreto-ley 3/2022, que introdujo mecanismos de revisión de precios en contratos del sector público bajo determinadas circunstancias. Bértolo enfatiza que, actualmente, el encarecimiento de los combustibles y otros productos energéticos comienza a reflejarse drásticamente en materiales clave, lo que, a su vez, repercute en los presupuestos de los proyectos.
Si la situación en Irán se prolonga, es previsible que se genere un aumento en los costos de la energía y, por lo tanto, en los costos de transporte y materias primas. Esto plantea un importante factor de incertidumbre en la planificación económica de los proyectos de construcción. El desajuste entre los costos reales y los precios previamente acordados en el contrato puede comprometer el equilibrio económico de importantes obras, generando riesgos de menores márgenes para contratistas y solicitando a promotores la revisión de precios o renegociaciones.
Bértolo señala que los conceptos de revisión de precios o indexación se convierten en piezas clave para tratar de mantener la estabilidad en proyectos a largo plazo. Por otro lado, si los contratos no contemplan mecanismos para ajustar precios, las partes suelen recurrir a modificaciones contractuales. La aplicación judicial de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus, aunque a veces interesante, frecuentemente no ofrece una solución viable, ya que los tribunales suelen interpretar que las oscilaciones del mercado forman parte del riesgo empresarial.
Con el fin de mitigar el impacto de estas fluctuaciones, las empresas están aumentando su atención a la determinación de precios y la inclusión de cláusulas que regulen incrementos extraordinarios. Se observa que la tendencia se dirige hacia la creación de contratos más precisos y mecanismos de revisión de precios más efectivos, que ayuden a reducir la exposición de las partes a la volatilidad del mercado. En este sentido, Bértolo concluye que estas herramientas son fundamentales para preservar el equilibrio económico de los contratos y asegurar la viabilidad de los proyectos a largo plazo.
